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La CNDH acreditó que la mujer y las niñas fueron privadas ilegalmente de la libertad, toda vez que no se les atribuía la comisión de delito alguno y con su detención se generó un acto de molestia que no estuvo fundado ni motivado por parte de la autoridad responsable.

Al acreditar violaciones a los derechos a la libertad personal, a la seguridad jurídica, a la justicia y a la integridad personal por actos de tortura, en agravio de cinco personas; así como a una vida libre de violencia y al interés superior de la niñez en agravio de tres de ellas, personas menores de edad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 81/2017 al Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán y al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia.

Este Organismo Nacional recibió la queja interpuesta por una mujer quien refirió que el 6 de noviembre de 2015, al llegar a su domicilio ubicado en el municipio Centro, Tabasco. aproximadamente a las 13:30 horas, fue detenida junto con su esposo y sus tres hijas por elementos de la Policía Federal, quienes además ingresaron a su hogar y sustrajeron diversos artículos.

Relató que los agentes involucrados subieron a su esposo a un vehículo oficial, mientras que ella y las niñas que en ese entonces tenían uno, seis y ocho años de edad, fueron obligadas a abordar su propio automóvil, les cubrieron el rostro con “gorras” y las amenazaron con dispararles con sus armas.

A las niñas no se les permitió acudir al sanitario durante su privación ilegal de la libertad por lo que realizaron sus necesidades fisiológicas en sus ropas, aunado a que tampoco se les proporcionó alimento. Indicó además que fueron trasladadas a un lugar donde escucharon los gritos de dolor provocados por los golpes inferidos a su esposo y padre, respectivamente, también señaló que, al día siguiente, alrededor de las 13 horas, fueron abandonadas en una carretera estatal y amenazadas con causarles daño si denunciaban lo ocurrido.

Por lo que respecta a su esposo, indicó que laboraba en la Fiscalía General del Estado de Tabasco, que fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República junto con un compañero de trabajo y enfrenta un proceso penal por su probable responsabilidad en delitos del orden federal.

Al realizar diversas diligencias para recopilar información, la CNDH acreditó que la mujer y las niñas fueron privadas ilegalmente de la libertad, toda vez que no se les atribuía la comisión de delito alguno y con su detención se generó un acto de molestia que no estuvo fundado ni motivado por parte de la autoridad responsable.

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